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Hace unos años, un grupo pequeño de asociaciones civiles de Sinaloa tuvieron un sueño: construir una institución que reconociera, estimulara y avalara el trabajo que desde la sociedad civil organizada realizaba un contingente diverso y disperso de organizaciones cuya labor incidía en el combate a la pobreza y sus secuelas.
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Aquellas asociaciones tuvieron la capacidad de concretizar su aspiración en un hecho inédito: fueron capaces de dialogar, de cabildear y empujar una iniciativa de ley que, después del apoyo gubernamental, fructificó en el decreto de la Ley de instituciones de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa, y su correlato, la Junta de Asistencia Privada |
